El auténtico conocimiento es conocer
la extensión de la propia ignorancia.
CONFUCIO

La Gestión Colaborativa del Conocimiento

Red de Gestión de Conocimientos para el Sector Minero Energético (RedCOME) es una oportunidad para generar alianzas y capitalizar conocimientos.

Hasta hace algunas décadas, el conocimiento, la educación y la tecnología no eran consideradas como factores determinantes del crecimiento económico. Más bien, se consideraba que la razón principal detrás de la expansión económica de los países era la acumulación de elementos productivos como capital y trabajo, de ahí que gran parte de las recomendaciones en materia de desarrollo consistían en invertir en activos físicos y bienes tangibles como maquinaria, equipo e infraestructura, porque se reconocía que para la generación de riqueza el reemplazar o hacer más fácil el trabajo humano era suficiente para incrementar la productividad.

Sin embargo, los profundos cambios económicos que se han dado en la forma de generar valor agregado en los años recientes, han puesto en claro que es el conocimiento aplicado a la producción, el elemento central para aumentar la productividad, la competitividad y el nivel de ingreso de un país.

Si bien hay que reconocer que en cada época, el conocimiento ha sido un importante componente de la producción y un motor del desarrollo económico y social, lo que también es un hecho es que en los últimos años el vertiginoso progreso tecnológico de la actualidad ha modificado radicalmente el grado en el que el conocimiento se ha integrado a la actividad económica. Para los países en la vanguardia económica el balance entre el conocimiento y los recursos se ha orientado hacia el primero, de tal modo que el conocimiento se ha convertido quizá en el factor más importante de la producción.

Pero, ¿qué es el conocimiento sin una red de personas dispuestas a compartirlo y usarlo?

La Red de Gestión de Conocimientos para el Sector Minero energético (RedCOME) es fundamentalmente una combinación de tiempo, sentimiento, familiaridad (confianza mutua) y servicios recíprocos, es una estructura que proporciona conexiones para la obtención de información de valor, recursos y apoyo social, para la identificación y aprovechamiento de oportunidades para el sector.

 Se trata de una iniciativa del Ministerio de Minas y Energía para desarrollar un mecanismo de comunicación, articulación y cooperación horizontal que facilite los cinco procesos de la gestión del conocimiento: identificar, crear, almacenar, compartir y usar el conocimiento del sector Minero Energético, en principio, de los asuntos ambientales y sociales, generando valor para los actores que la conforman en razón a sus intereses.

En el diseño de RedCOME participaron representantes del Ministerio de Minas y Energía, de sus entidades adscritas y vinculadas, quienes de forma activa ofrecieron su conocimiento en la definición de la red y se comprometieron con el trabajo colaborativo para la generación de conocimientos del sector, especialmente en temas ambientales y sociales y con los principios sobre los que se cimentó la red.

Se espera que RedCOME supere los retos que el sector plantea en gestión del conocimiento y pueda, en el corto plazo, ser reconocida como el  mecanismo de comunicación más efectivo para la integración de conocimiento interdisciplinar y articulación participativa y colaborativa de las entidades gubernamentales adscritas al sector Minero Energético (Ministerio de Minas y Energía, Agencia Nacional de Hidrocarburos, Comisión de Regulación de Energía y Gas, Instituto de Planificación de Soluciones Energéticas para las Zonas no Interconectadas, Servicio Geológico Colombiano, Unidad de Planeación Minero Energética, y Agencia Nacional de Minería), en la solución de problemas y atención a necesidades comunes, a través del conocimiento y buenas prácticas exploradas en experiencias previas.

En consecuencia, a medida que incrementan las interacciones de la Red, se va generando mayor confianza e inteligencia colaborativa, lo que impacta positivamente en la productividad y en el proceso de toma de decisiones propositivas y alineadas a la normatividad ambiental del país. 

Naturalmente conectados

Fortalecimiento de la inclusión de la variable minero energética en el ordenamiento territorial

Para garantizar acciones eficientes y asertivas en el territorio nacional, el MME y sus agencias adscritas se encuentran realizando un ejercicio de priorización municipal para orientar la puesta en marcha de ejercicios de inclusión de la variable minero energética en la planificación territorial como una de las temáticas.

Actualmente se vienen adelantando acciones concretas con el municipio de San Vicente del Caguán en Caquetá, y a nivel nacional se ha avanzado en el trabajo conjunto con el DNP, en la construcción de elementos para orientar la inclusión de manera coordinada y que fortalezcan las capacidades de los entes territoriales en el ejercicio de su ordenamiento.

La iniciativa pretende minimizar la conflictividad en los territorios con actividades minero energéticas y con potencial de desarrollo; las acciones se enfocan hacia la inclusión de las actividades minero energéticas, desde las herramientas de planificación de territorio y con actores en la construcción de la herramienta, que permita una participación activa y eficaz en el proceso de toma de decisiones.

Dichas acciones se basan en el acercamiento y fortalecimiento de los entes territoriales con el aporte de información sectorial para cada uno de los municipios, que así lo requieran, y que posteriormente se puedan desarrollar acciones anticipadas en territorio, para propiciar un espacio de concertación durante las etapas de formulación del Plan de Ordenamiento Territorial, que garantice la inclusión de las actividades minero energéticas a futuro, de manera coordinada con las demás actividades económicas presentes y proyectadas en los municipios. 

Para tal fin, la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales (OAAS) del Ministerio de Minas y Energía, junto con las Agencias, busca la transferencia de información en los municipios señalados como estratégicos para el sector, de manera tal, que sea incluida en las herramientas de planificación y brinde un escenario amplio para la concertación en los términos que señala la ley y bajo los principios constitucionales.

Retos

  • Lograr una participación activa del sector minero energético en la planificación territorial, en los procesos de formulación y/o ajuste de los POT.
  • Buscar la toma de decisiones territoriales de manera concertada y con la mejor información disponible
  • Fortalecer los canales de comunicación y flujo de información desde el sector hacia los entes territoriales
  • Establecer acuerdos con los entes territoriales y la comunidad que permitan el desarrollo de las actividades minero energéticas, de manera coordinada con las demás actividades económicas presentes y proyectadas en los municipios.  

Venimos trabajando en planes de Cambio Climático

La Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales (OAAS), del Ministerio de Minas y Energía, ha venido apoyando, desde el año 2016  el desarrollo del Plan Integral de Gestión del Cambio Climático (PIGCC), el cual busca alcanzar el objetivo de reducir 21% de las emisiones esperadas en el 2030. 

Durante el lanzamiento de la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) mostró que entre 1971 y 2015, la temperatura promedio del país ha aumentado 0.8°C y se espera que para finales de siglo la temperatura promedio aumente en 2,1°c. Esto sitúa al país por encima de las previsiones mundiales e implica riesgos importantes en salud, conflictividad por uso de recursos y competitividad.

Desde la perspectiva sectorial y con el objetivo de comprender y reducir estos riesgos, el Ministerio de Minas y Energía desarrolla desde 2016 una serie de investigaciones sobre mitigación y adaptación al Cambio Climático que contribuirán a la concepción PIGCC en cumplimiento de la Ley 1753 del Plan Nacional de Desarrollo, para alcanzar el objetivo principal de reducir por lo menos el 21% de las emisiones esperadas a 2030.

El objetivo del PIGCC es establecer una hoja de ruta para incorporar las variables de Cambio Climático - en mitigación (reducción de emisiones) y adaptación (reducción de riesgo de largo plazo)-  en el desarrollo de políticas y la planeación sectorial.

Para lo anterior el PIGCC se alimenta de estudios que identifican el potencial de mitigación de los sectores así como los riesgos asociados a escenarios de Cambio Climático, análisis de brechas con el objetivo de identificar áreas de trabajo, posibilidades de mejora y puntos de regulación importantes para el cumplimiento de los objetivos y de apoyo a proyectos con alto valor transformacional en áreas como: respuesta de la demanda, adaptación e instrumentos económicos.

El mayor desafío está en ser capaces de traducir el PIGCC en acciones concretas que produzcan resultados y en diseñar un sistema robusto que le permita al Ministerio de Minas y Energía monitorear y reportar eficientemente el desempeño de las líneas estratégicas de reducción de emisiones y reducción de riesgo.

Más que una obligación emanada del Artículo 170 de la Ley 1753, el PIGCC es una necesidad en un entorno cada vez más exigente ante los desafíos operacionales, ambientales y sociales del sector minero-energético, y como tal tiene el inmenso reto de ser útil para los tomadores de decisiones y un referente para nuestros socios. 

Valores, realidades y decisiones: el pulso por el desarrollo territorial

Por: Alexander Riaño
Coordinador Línea de investigación en Conflictividad y Desarrollo
Fundación Paz & Reconciliación

El gobierno de Juan Manuel Santos y el proceso de paz han puesto en evidencia la imperiosa necesidad de dialogar y la efectividad de este camino para resolver nuestros problemas y diferencias, quizás ese sea su mayor legado para la historia. Acercarnos al fin de la guerra, a una paz completa[1] ha ambientado el escenario para discutir las tareas que como sociedad dejamos pendientes por concentrarnos en salir de un ciclo de violencia que duró más de medio siglo.  Los retos son inmensos y superarlos requerirá un esfuerzo grande por parte del Estado y de la sociedad civil. Uno de esos retos tiene que ver con el desarrollo territorial. La guerra nos dejó un país fragmentado económicamente, con grandes disparidades entre el centro y las regiones en términos de pobreza, infraestructura y acceso a empleo y oportunidades. El diagnóstico es preocupante, algo en lo que todo el mundo está de acuerdo.

La solución, sin embargo, es mucho más compleja. Construir una estrategia de desarrollo que sea sostenible, apropiada y efectiva implica poner a conversar diversas perspectivas ideológicas, sistemas de valores e intereses. Distintas visiones del mundo que, además, deben ser sopesadas por elementos de realidad que reconozcan: i) las capacidades y potencial productivo de los territorios; ii) las oportunidades en el marco de una economía de mercado globalizada; iii) la ciencia y la investigación como referente para la toma de decisiones y iv) la participación informada como factor fundamental para conectar las estrategias del gobierno central con los deseos, necesidades y prioridades de los territorios.  Lamentablemente, una una discusión que pasa por lo técnico y lo ideológico, se ha centrado únicamente en lo segundo.

Es eso justamente lo que ha venido sucediendo en el debate sobre la industria minero energética en Colombia. Desde el gobierno, las comunidades y las empresas se han generado narrativas mutuamente excluyentes que no permiten generar consensos. Algunos consideran que los territorios deben concentrarse en la conservación ambiental, los servicios ecosistémicos y el turismo, dejando atrás actividades como la minería; otros consideran que los proyectos del sector equivalen a desarrollo y que la corrupción es el elemento que  evita que estos resultados se evidencien; también están quienes consideran que el problema es con los agentes del sector y el modelo económico: luchan contra las multinacionales y el aprovechamiento de los commodities para exportación. Estas son algunas de las posiciones variopintas que hablan sin dialogar, que en la mayoría de los casos se consideran como definitivas, correctas y sin espacio para incluir otros enfoques y perspectivas: se trata de una superposición de dogmatismos. Este diálogo de sordos, sumado a un gran déficit de participación en la toma de decisiones del sector, explica que este sea uno de los más conflictivos[2] y la explosión reciente de la utilización de las consultas populares –herramienta consagrada en la constitución– como mecanismo para vetar las actividades extractivas en 9 municipios del país.

El fenómeno de las consultas refleja una demanda inaplazable por la participación en el ordenamiento territorial y la planeación del territorio. Señala que los resultados y beneficios del sector para las comunidades no son evidentes y que se requieren ajustes. También muestra que la indignación y la polarización son efectivas cuando la democracia se piensa como un proceso plebiscitario. Desde las comunidades y las organizaciones sociales el debate se ha planteado en términos de “agua o vida”, “agua o mina”. No es un tema menor en una elección la forma en la que se le consulta a la ciudadanía. En primer lugar, se debe mencionar que un problema grave es que se pregunta sobre “proyectos y actividades mineras” de manera genérica. Lo grave de esto es que se mete en el mismo saco actividades tan distintas y a tantas escalas como la extracción de carbón, níquel, oro, cobre y material de arrastre. Además, surgen muchas dudas: ¿El rechazo es a la “mega minería” o incluye la minería de mediana y pequeña escala?  ¿Es un rechazo a la minería en general o a la minería de oro? ¿Es un rechazo generalizado sobre la extracción de minerales o a las multinacionales?

El debate y la pregunta alrededor de la minería y los hidrocarburos han sido mal planteados desde el principio. No es mentira cuando se dice que la actividad minera es indispensable para la vida humana. Desde la sal con la que cocinamos, pasando por los materiales con los cuales construimos vivienda e infraestructura, incluyendo los productos plásticos derivados de la petroquímica como los detergentes, y así, podríamos hacer una lista interminable de las actividades humanas y productos de uso cotidiano que son subproductos de los minerales y los hidrocarburos. En este orden de ideas, no es posible afirmar que el debate es minería vs vida o minería vs agua, pues hacerlo implica desconocer que el funcionamiento de las sociedades contemporáneas es complejo en términos de la diversidad de recursos que necesitamos para subsistir. El verdadero debate es alrededor de la institucionalidad y normatividad que permitan adelantar actividades extractivas en un marco de sostenibilidad, aportando efectivamente a la generación de desarrollo en los territorios,  y acorde con las nociones de vida querida existentes.

El sector minero energético es fundamental desde una perspectiva macroeconómica y de política social. De acuerdo con la información oficial, el sector de minería e hidrocarburos aporta ingresos a la nación por cerca de 13 billones de pesos al año[3], financiando cerca de la tercera parte de los recursos de inversión del presupuesto general de la nación y generando ingresos para cerca de 1.5 millones de familias colombianas, un ingreso promedio de cuatro salarios mínimos. Con los impuestos y regalías que genera la industria se han financiado programas como Familias en Acción, las viviendas gratuitas a familias vulnerables, e incluso proyectos de infraestructura vitales para el país como las 4G. Este es un argumento fundamental para entender por qué la decisión alrededor del aprovechamiento de los recursos naturales no es una decisión exclusiva de los territorios o del gobierno nacional, es una decisión que compete a los dos y por ello la corte ha indicado que es necesario partir de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad.

Hoy, seis de octubre, está citada la “Gran marcha por la defensa del agua y el páramo” donde se pone en cuestión el desarrollo del proyecto minero Sotonorte, operado por Minesa, ubicado por fuera de la delimitación del páramo de Santurbán y que, actualmente está en proceso de licenciamiento ambiental. Se trata de un proceso convocado y liderado por distintas organizaciones sociales de Bucaramanga, estudiantes y líderes políticos que se preguntan por el riesgo que el proyecto puede generar a las fuentes de agua que abastecen el acueducto, y por la conservación del páramo como activo ecosistémico invaluable.

La visión del territorio, recogida en un diálogo con 5 de los 6 alcaldes de la provincia es un poco distinta y plantea una gran preocupación: el debate no puede darse desconociendo la tradicionalidad minera de la región, las necesidades de desarrollo de las comunidades que allí habitan y el hecho de que la protección del páramo pasa por la generación de alternativas económicas serias. De hecho, Asomunsanturban, una asociación que agrupa a todos los alcaldes, se pronunció rechazando la convocatoria por considerarla sesgada y carente de rigor técnico en la argumentación presentada. Así mismo, un grupo de seis rectores universitarios de Bucaramanga se declararon neutrales frente a la controversia en tanto no se haga un debate con el rigor científico necesario. Señalan que “hemos acordado que los estudios que elaboren ingenieros, geólogos, ecologistas, hidrólogos, químicos, biólogos y economistas, entre otros ámbitos del saber, serán la base para que la ciudadanía pueda tomar una posición teniendo en cuenta las complejidades de cada caso”[4]

Necesitamos avanzar hacia una sociedad más democrática y para eso tenemos que aprender a dialogar mejor, a reconocer el valor del conocimiento científico, así como de los saberes ancestrales y del territorio en la toma de decisiones. Debemos aprender a reconocer en el otro a un interlocutor válido, aun cuando sus ideas se ubiquen en las antípodas ideológicas. Solo así construiremos paz.


[1] Digo acercarnos reconociendo los grandes retos que enfrentamos aún en materia de seguridad. Ejemplo de esto es lo que acaba de suceder en zona rural de Tumaco.

[2] En la Minería en el Posconflicto. Un asunto de quilates (2017), Fundación Paz & Reconciliación documenta y analiza 176 conflictos relacionados con las industrias minero energéticas.

[3] Para ponerlo en perspectiva, esto equivale a dos reformas tributarias.