• Las orientaciones de buenas prácticas brindan herramientas para que gremios y empresas fortalezcan la transparencia, la participación y el relacionamiento con las comunidades.

Bogotá D.C., 29 de julio de 2026. Por primera vez en Colombia, el Ministerio de Minas y Energía, en coordinación con la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales (OAAS), presenta al país dos herramientas estratégicas para fortalecer la gestión pública, la sostenibilidad y la transparencia del sector minero-energético: los resultados y la medición del Índice de Gobernanza Ambiental (IGA) del Sector Minero-Energético (corte 2023), y las Orientaciones de buenas prácticas para gremios y empresas del sector minero-energético en el marco de la implementación del Acuerdo de Escazú.

Ambos instrumentos son el resultado de un proceso de construcción colectiva que integró investigación, evaluación técnica y espacios de diálogo con comunidades, entidades públicas, empresas, academia y organizaciones sociales. Este ejercicio permitió recoger distintas perspectivas sobre los desafíos ambientales del sector y traducirlas en herramientas que fortalecen la gestión pública y promueven relaciones más transparentes y participativas con los territorios.

"Aspirar a una Transición Energética Justa y a un sector minero-energético con alta responsabilidad socioambiental exige trascender las diferencias y unir esfuerzos entre la academia, el sector privado, el Estado y las comunidades. Aprovechemos la legitimidad de estos dos instrumentos —fruto del diálogo directo con más de 2.300 personas en las regiones— para avanzar juntos hacia una gobernanza ambiental sólida, transparente y en paz", expuso la viceministra de Minas, Sorrel Aroca.

Históricamente, la gestión ambiental sectorial careció de un marco unificado que permitiera medir de forma periódica y objetiva el estado de la gobernanza ambiental. Por ello, en una alianza técnica con el IDEA de la Universidad Nacional, se consolidó el Índice de Gobernanza Ambiental (IGA).

A partir de la evaluación de 51 indicadores, distribuidos en siete dimensiones transversales y tres subsectores (minería, hidrocarburos y energía), el índice entregó un diagnóstico claro: para el corte de 2023, el sector alcanzó un resultado consolidado de 0,54, ubicándose en un nivel de gobernanza intermedia.

En paralelo, y en cumplimiento del compromiso del Estado colombiano con la Ley 2273 de 2022 y la Sentencia C-359 de 2024, se presentó la primera aplicación sectorial del Acuerdo de Escazú: un documento de orientación técnica y adopción voluntaria para gremios y empresas, diseñado para fortalecer el acceso a la información, la participación pública oportuna e incidente, el acceso a la justicia ambiental y la protección de las personas defensoras del ambiente.

El Acuerdo de Escazú representa una oportunidad histórica para la protección efectiva del medio ambiente y de quienes lo defienden. Al garantizar el acceso transparente a la información pública ambiental y salvaguardar la labor fundamental de las y los líderes sociales y ambientales en las regiones, las orientaciones planteadas por la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales buscan tender puentes sólidos entre las empresas y la institucionalidad

"Estos instrumentos de Escazú y Gobernanza Ambiental deben verse como una oportunidad para prevenir la conflictividad y generar confianza entre Estado, empresas y comunidades", señaló Juan Bernardo Rosado, jefe de la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales (OAAS).

Los resultados evidencian avances importantes en las diferentes dimensiones y subsectores, pero también identifican con claridad las brechas institucionales y operativas sobre las cuales se orientarán las acciones y la toma de decisiones prioritarias.

Con la presentación de estas herramientas, el Ministerio de Minas y Energía reafirma su compromiso con una gobernanza ambiental basada en la transparencia, la participación y la toma de decisiones sustentadas en evidencia, como pilares para consolidar una Transición Energética Justa que genere bienestar para las comunidades, fortalezca los territorios y contribuya al desarrollo sostenible del país.