• La medida busca corregir problemas de planeación heredados de las subastas de energías renovables realizadas en años anteriores y dar viabilidad a proyectos que serán fundamentales para aprovechar la Línea Colectora, la nueva autopista de las energías limpias que ya supera el 80 % de avance en su construcción y permitirá transportar la energía renovable producida en La Guajira hacia el Sistema Interconectado Nacional.

Riohacha, La Guajira, julio 24 de 2026. El Gobierno nacional dio un paso decisivo para proteger el futuro de la transición energética en Colombia con la publicación, para comentarios de la ciudadanía, de una resolución que crea lineamientos regulatorios para destrabar proyectos de generación eléctrica, especialmente aquellos ubicados en La Guajira, cuya entrada en operación depende de obras de transmisión aún no finalizadas o que incorporan un enfoque restaurativo en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

La resolución responde a una realidad que ha frenado el desarrollo de las energías limpias en el país: varios proyectos fueron adjudicados con fechas de entrada en operación que no correspondían con el avance de las obras de transmisión necesarias para conectarlos al Sistema Interconectado Nacional. Por ello, el Gobierno propone mecanismos regulatorios para ajustar los cronogramas cuando los retrasos no sean atribuibles a los desarrolladores, preservando inversiones estratégicas para el país.

La medida cobra especial relevancia para la Línea Colectora, la obra de transmisión más importante para el desarrollo de las energías limpias en Colombia, que ya supera el 80 % de avance. Esta infraestructura permitirá transportar la energía eólica y solar generada en La Guajira hacia el resto del país. Con esta resolución, el Gobierno busca que los proyectos asociados a esa línea no se pierdan por problemas regulatorios o por errores de planeación del pasado, garantizando que la inversión realizada en esta obra estratégica se traduzca en más energía limpia para los colombianos.

Asimismo, la resolución incorpora un enfoque innovador al promover proyectos energéticos con potencial restaurativo, permitiendo que la transición energética contribuya a la reparación de comunidades afectadas por el conflicto armado, fortalezca el tejido social y lleve desarrollo a territorios históricamente excluidos.

“La transición energética no puede fracasar por errores de planeación heredados ni por retrasos en obras que no dependen de los desarrolladores. Con esta resolución protegemos proyectos estratégicos para el país, preservamos el futuro energético de La Guajira y garantizamos que obras como la Línea Colectora puedan cumplir su propósito de llevar las energías limpias al Sistema Interconectado Nacional. Además, demostramos que la energía también puede convertirse en una herramienta para construir paz, reparar territorios y generar oportunidades para las comunidades”, afirmó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.

La resolución no establece una flexibilización automática. Los desarrolladores deberán demostrar avances reales y verificables mediante hitos constructivos que evidencien el compromiso con la ejecución de los proyectos, como la compra definitiva de equipos principales u otros avances técnicos equivalentes. De esta manera, se garantiza que las medidas beneficien únicamente a proyectos con vocación real de construcción y entrada en operación.

Adicionalmente, los proyectos que incorporen un enfoque restaurativo y cuenten con la validación de la JEP podrán acceder a condiciones regulatorias especiales que faciliten su desarrollo, integrando la generación de energía limpia con procesos de reparación material, reconciliación y transformación de los territorios.

“No vamos a condenar a La Guajira al atraso energético por decisiones equivocadas del pasado. Estamos construyendo reglas para que la transición energética llegue a buen puerto, con participación de las comunidades, seguridad jurídica para las inversiones y beneficios reales para los territorios. Queremos que la Línea Colectora, que hoy registra un avance superior al 80 %, se convierta en la gran autopista que conecte el enorme potencial renovable de La Guajira con el desarrollo de Colombia”, concluyó el ministro Edwin Palma.

La resolución continuará su proceso de participación ciudadana y, una vez adoptada, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) contará con un plazo de hasta doce meses para desarrollar los ajustes regulatorios necesarios. Mientras ello ocurre, los desarrolladores que cumplan los requisitos podrán acogerse transitoriamente a las medidas previstas, evitando que proyectos estratégicos para la seguridad energética y la transición hacia fuentes renovables se pierdan por circunstancias ajenas a su control.