• El Ministerio de Minas y Energía socializó el proyecto con congresistas de las Comisiones Quintas de Senado y Cámara, en la antesala de un amplio debate legislativo.

Bogotá, septiembre 29 de 2025. El Gobierno nacional dio un nuevo paso en la construcción de la nueva Ley Minera, al socializar ante los congresistas, de las Comisiones Quintas de Senado y Cámara, los puntos principales del articulado que será radicado el próximo miércoles primero de octubre en el Congreso de la República.

La propuesta legislativa es el resultado de un ejercicio participativo sin precedentes en el país. Se recibieron 266 comentarios provenientes de todos los sectores económicos, sociales y ambientales; participaron más de 20.000 personas en foros, mesas técnicas y audiencias públicas, incluyendo 13.000 integrantes de 115 pueblos indígenas y cerca de 400 organizaciones afrocolombianas, a través de procesos de consulta previa.

“Queremos que los congresistas conozcan de primera mano esta iniciativa, que surge de un diálogo profundo con las comunidades, los mineros, empresarios, ambientalistas y autoridades territoriales. El objetivo es que todos participen activamente y que logremos juntos la mejor ley minera para el país”, afirmó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.

El jefe de la cartera destacó también los “avances gigantes en el proceso de consulta”, subrayando que la propuesta busca recuperar la soberanía sobre los minerales, ordenar la minería desde el territorio, garantizar la participación de comunidades étnicas y superar el modelo extractivista en línea con la transición energética.

La radicación del proyecto de ley, este primero de octubre, marcará el inicio de uno de los debates más relevantes del año en el Congreso, con impacto en la economía, el ambiente y los territorios.

Principales puntos del proyecto de Ley Minera

La nueva Ley Minera busca recuperar la soberanía sobre los minerales y ordenar la minería desde el territorio, bajo criterios de justicia ambiental, social y económica. Entre sus principales disposiciones se destacan:

• Planificación y ordenamiento minero: establece zonas excluidas (ZEM) y zonas aptas (ZAM), con especial protección a áreas ambientales, culturales y socioeconómicas. Se prohíbe la minería en espacios marinos, costeros y de carbón térmico.
• Derechos de comunidades étnicas: reconoce un régimen diferencial para pueblos indígenas, comunidades afro y campesinas, con derecho de prelación y contratos especiales.
• Transición energética y soberanía: impulsa un modelo que supere el extractivismo, fortalezca la economía productiva y garantice que el conocimiento geológico sea de utilidad pública.
• Responsabilidad empresarial: exige licencia ambiental desde la fase de exploración, establece un cierre progresivo integral (minero, ambiental y laboral) y mayores responsabilidades frente a los impactos sociales y ambientales.
• Régimen económico: ajusta las reglas de regalías y canon superficiario, incorpora pagos sobre ganancias bursátiles y prevé contraprestaciones ligadas a la producción y precios del mercado.
• Formalización y reconversión productiva: crea un marco especial para pequeños mineros y mineros tradicionales, con un registro abierto por tres años, contratación diferencial y medidas de reconversión productiva.
• Fiscalización y sanciones: fortalece la potestad sancionatoria con nuevas causales de caducidad, incluyendo daños al agua, violación de DDHH o uso de mano de obra infantil.
• Impacto regional: obliga a que al menos el 50% de la mano de obra contratada provenga de la región, fomenta encadenamientos productivos y la transferencia de tecnología.

El ministro Edwin Palma reconoció que “existen diferencias en algunos textos y puntos de vista, pero el objetivo común es construir la mejor ley minera posible para Colombia, en beneficio de las comunidades y del país”.

La radicación del proyecto de ley abrirá la puerta a uno de los debates más relevantes del año en el Congreso, con impacto directo en la economía, el ambiente y la vida de millones de colombianos.