• Los títulos mineros vigentes y las solicitudes en trámite quedan intactos. La medida elimina la incertidumbre que frenaba la inversión, la exploración y las regalías para las regiones.
• Los derechos adquiridos y los acuerdos de consulta previa ya protocolizados se mantienen. El Gobierno Nacional sigue apoyando la formalización, la asistencia técnica a la pequeña y mediana minería y la lucha contra la extracción ilícita.

Bogotá, 24 de octubre de 2026. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Minas y Energía, expidió la Resolución 40579 del 22 de octubre de 2026, por la cual deroga las 15 resoluciones que delimitaron los Distritos Mineros Especiales para la diversificación productiva. Con esta decisión, el Gobierno Nacional devuelve certidumbre a miles de mineros, empresas y comunidades, y ratifica una política que protege, impulsa y respalda la minería legal, responsable y regenerativa en Colombia.

Los 15 distritos sumaban 5.340.192 hectáreas, cerca del 5 % del territorio nacional, en Antioquia, Boyacá, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Huila, La Guajira, Nariño, Norte de Santander, Valle del Cauca y el litoral Pacífico. Catorce de ellos fueron declarados en el transcurso de 2026.

“Para el Gobierno Nacional la minería es fundamental en la agenda de reactivación económica. Colombia tiene el potencial de ser un país minero: un país capaz de aportar minerales y energía a la transición del mundo. Los distritos mineros especiales planteaban sustituir una actividad que sostiene a miles de familias sin ofrecerles una alternativa real. Hoy les decimos a los mineros formales de Colombia que tienen reglas claras, que sus derechos están protegidos y que el Gobierno Nacional va a trabajar con ellos para acompañar los procesos de formalización, cerrar brechas, combatir la extracción ilícita y hacer una minería que cada vez más aporte a la competitividad de los territorios. Diversificar es sumar, no restar”, afirmó la ministra de Minas y Energía, María Nohemi Arboleda Arango.

¿Por qué se derogan los distritos mineros especiales?

• Sin resultados. Más de dos años después de la primera delimitación, no hay resultados verificables en diversificación productiva, reconversión laboral, industrialización ni en la calidad de vida de las zonas delimitadas. Los planes estratégicos de gestión nunca se terminaron de formular ni de adoptar.
• Sustitución sin alternativa. El instrumento apuntaba a la sustitución progresiva de la minería sin acreditar antes alternativas productivas ciertas, financiables y viables, con efectos sobre el empleo, las regalías y el derecho al trabajo de las comunidades.
• Incertidumbre jurídica. Las delimitaciones no fijaron vigencia, extensión máxima ni reglas de transición, y algunas podían ampliarse a municipios vecinos. Esto desestimulaba nuevos proyectos dentro y fuera de los polígonos.
• Sin las regiones. Las resoluciones no se armonizaron con los planes de ordenamiento territorial ni se concertaron con gobernaciones y alcaldías, lo que generó superposiciones y confusión sobre las reglas aplicables.

¿Qué gana el país?

• Seguridad jurídica: los títulos vigentes y las solicitudes en trámite siguen rigiéndose por el Código de Minas, ahora sin el factor de incertidumbre que pesaba sobre ellos.
• Más exploración y conocimiento geológico: se reactiva la búsqueda de minerales, incluidos los minerales estratégicos que el mundo necesita para su transición energética.
• Más regalías para las regiones: una minería legal que crece genera más recursos para inversión en salud, educación, vías y agua en los municipios productores.
• Una diversificación que suma: la minería se integra con el agro, el turismo, el comercio y la industria para ampliar la base económica de los territorios, en lugar de ser reemplazada.
• Respeto a la autonomía territorial: las decisiones con impacto en el territorio se construirán de la mano de gobernadores, alcaldes y concejos municipales.

La derogatoria no afecta los derechos adquiridos, los actos administrativos en firme, las decisiones judiciales ni los acuerdos válidamente celebrados. En particular, el Ministerio reconoce los procesos de participación y consulta previa adelantados en el Bajo Cauca antioqueño y en el Norte del Cauca, cuyos compromisos con fundamento jurídico propio se mantienen.

El Ministerio de Minas y Energía trabajará con las regiones con vocación minera, en el marco de la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030, una agenda de desarrollo que integre la minería legal con las demás vocaciones productivas de cada territorio.

Consulta la resolución 40579 del 22 de octubre de 2026 aquí.