• La estrategia articula desarrollo productivo, sostenibilidad y seguridad, frente a una minería ilegal que hoy mueve más recursos que el narcotráfico en Colombia.

Cali, Valle del Cauca. 7 de abril de 2026. El Gobierno nacional presentó la estrategia Ecodorado, una apuesta integral para transformar la cadena del oro en Colombia, fortalecer la formalización minera y recuperar para el Estado y los territorios una economía que hoy está en gran parte capturada por estructuras criminales.

La estrategia articula instrumentos como los Distritos Mineros, el Fondo de Fomento Minero, los avances en formalización, el Pacto por el Oro y la entrega de dos comercializadoras por parte de la SAE al Ministerio de Minas y energía, con el objetivo de consolidar una cadena aurífera legal, trazable, competitiva y con impacto territorial.

“Hoy nace la estrategia Ecodorado: una apuesta del Gobierno del Cambio para saldar una deuda histórica con nuestros mineros, con nuestras regiones y con el país. Una apuesta para fortalecer, transformar y dignificar toda la cadena productiva del oro. Estamos pasando del discurso a la acción; sabemos que los retos son enormes: la formalización, el acceso a crédito, la trazabilidad, la transparencia, la tecnificación y el acompañamiento real a nuestros mineros de subsistencia y pequeña minería, y precisamente ahí estamos actuando.”, afirmó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea.

Esta estrategia busca hacer frente a la ilegalidad que existe en la minería de oro del país, donde hasta el 80% del oro comercializado tendría origen informal o ilegal. que históricamente ha financiado grupos armados, al generar ingresos estimados en USD 8.414 millones anuales, superando al narcotráfico, lo que provoca pérdidas cercanas a $5 billones en regalías cada año, presente en 300 municipios de 23 departamentos.

Como respuesta, el Gobierno nacional impulsa la creación de una comercializadora estatal de oro, que permitirá comprar directamente a pequeños mineros formalizados, garantizando precio justo, trazabilidad y acceso a mercados nacionales e internacionales. El objetivo es escalar la compra de oro legal de 5 a 15 toneladas anuales, interviniendo directamente el mercado y redirigiendo recursos hacia los territorios, para romper el ciclo de dependencia de los mineros frente a estructuras ilegales.

“La minería ilegal no es solo un problema ambiental: es un problema de seguridad nacional. Con Ecodorado, el Estado entra a competir en ese mercado para quitarle esas rentas a las economías criminales”, señaló el ministro Palma.

La formalización minera: Más derechos y oportunidades.

El Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional de Minería, presentaron cifras claves en materia de formalización minera, destacando que en comparación con el gobierno anterior, aumentaron en un 69% en el número de personas beneficiarias de la formalización, al pasar de un poco más de 17 mil a más de 30 mil en nuestro gobierno, a abril de 2026; además de un aumento del 44% en la entrega de instrumentos o títulos de formalización, al pasar de más de más de 600, en el gobierno anterior, a más de 800, a corte de 1 de abril de este año.

Adicionalmente, la Agencia Nacional de Minería ha habilitado 381 mil hectáreas que permitirán formalizar 3.810 Unidades de Producción Minera -UPM- que a su vez podrán beneficiar cerca de 76 mil mineros en el país en los próximos cuatro años a través de contratos de Áreas de Reserva Especial, Propuestas de Contratos de Concesión con enfoque Diferenciales y contratos especiales de comunidades negras; y desde el Ministerio de Minas y Energía, en este periodo de gobierno se acompañaron 1.769 procesos de formalización minera.

Este Gobierno entiende que la formalización minera no se limita a la entrega de un título; por el contrario, marca el inicio de una etapa de fomento a la minería formal, en beneficio de los mineros y mineras que le apuestan a la legalidad, por eso ha creado instrumentos como el Fondo de Fomento Minero, con más de 13 mil millones de pesos para financiar Planes de Trabajo y Obras (PTO), licenciamiento ambiental, emprendimientos y acceso a tecnología para pequeños mineros.

Ordenamiento, presencia del Estado y reconversión

La formalización minera requiere una estrategia de gobernanza territorial; por eso, este Gobierno deja en marcha 12 distritos mineros para articular la acción del Estado y promover una minería responsable y el desarrollo sostenible, creando 12 distritos mineros en 7 departamentos y 65 municipios, que beneficiarán a 4,5 millones de personas.

Basado en los principios de la Transición Energética Justa, el Gobierno nacional impulsa el programa de reconversión productiva como alternativa para mineros que no pueden continuar con su actividad o no pueden formalizarse, con un diagnóstico de 5.000 mineros diagnosticados, donde 92% interesados en reconversión, donde participaron en un 30% mujeres, y una inversión de $15 mil millones en 2026, generando oportunidades sostenibles, dignas y justas, promoviendo el cuidado ambiental en el marco de una Minería para la Vida.