Bogotá, D.C., 15 de marzo de 2026. El país y en especial la subregión del Bajo Cauca afronta un desafío estratégico, la formalización de los mineros de pequeña escala, tradicionales y de subsistencia, que por años ha encontrado en la minería la forma de generar sustento para sus familias y bienestar para su territorio. Pero también, y de forma alarmante, padece la amenaza de la extracción ilícita de minerales que depreda sus recursos naturales, alimenta la guerra, pone en riesgo la soberanía alimentaria, las comunidades étnicas y se apropia de la riqueza de la región producida por la explotación del oro.

En coherencia con su enfoque de gobernanza territorial, el gobierno nacional ha honrado su palabra en los diferentes acuerdos establecidos en diferentes espacios de concertación para construir una ruta diferenciada y ágil para los procesos de formalización a través de la Resolución 40141 de 2025 expedida por el ministerio de minas y energía.

Como resultado de ello, entre en el 2023 y 2024 se identificaron 3.182 personas que manifestaron intención de formalización en la región, la cual, si bien fue importante, no era suficiente para materializar este proceso. De estas, encontramos que 567 se encontraban sobre áreas restringidas ambientalmente, excluibles o tituladas con solicitud de subcontratos. A estos mineros les ofrecemos nuestra oferta de reconversión productiva.

A la fecha hemos logrado formalizar 2.242 mineros, a través de 32 instrumentos. A los mineros que siguen en tránsito los acompañaremos para que alcancen el sueño de ejercer su actividad económica con todo el apoyo del estado colombiano.

En cumplimiento del deber constitucional de proteger la vida, los derechos y las libertades de todos los habitantes, así como el derecho al agua, a la alimentación y al medio ambiente, y en acatamiento de las sentencias y fallos judiciales, el Ministerio de Defensa ha adelantado, durante lo corrido de 2026, siete operativos que han permitido inutilizar 22 dragones y dragas empleadas en la extracción ilícita de minerales, actividad que podría incidir en la comisión de otros delitos, incluida la violencia.

El Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Minería, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa reiteran su vocación de diálogo y concertación, en coordinación con las alcaldías municipales y la gobernación departamental, siempre y cuando la protesta social se haga en términos pacíficos y en el marco del respeto al Estado de derecho. Orientada por el principio de corresponsabilidad, esta disposición invita a las partes a cumplir los acuerdos establecidos en cada una de las mesas.

Esta vocación de gobernanza territorial se seguirá materializando a través del distrito minero, el cual avanza con paso firme, luego de concertada la metodología de formulación del plan estratégico de gestión, con 95 autoridades étnicas del territorio, el pasado 11 de marzo de 2026.

Este gobierno reconoce la importancia de la minería legal para muchos hogares y la apoya; pero así mismo promueve el equilibrio con el ambiente, articulada con las demás actividades lícitas del territorio, que apunte a producir riqueza y se redistribuya hacia los mineros de pequeña escala, tradicionales y de subsistencia; así como también, hacia las alcaldías para que a través de regalías produzca bienestar a sus habitantes. Es decir, una minería que aporte a la paz territorial y contribuya de manera decidida a la transición energética de nuestro país y del mundo.