• La medida se alinea con la política del presidente Gustavo Petro de una transición energética justa: más eficiencia, más territorio y más participación de las comunidades.

Bogotá D.C., 20 de marzo de 2026. El Gobierno nacional continúa avanzando en el ordenamiento del sector minero con una reforma estructural al procedimiento de Audiencia Pública Minera, que integra en una sola línea de acción la agilización de los trámites, el fortalecimiento de la participación ciudadana y la consolidación de la formalización minera en el país.

Este avance se enmarca en una hoja de ruta institucional que ya había sido presentada el pasado 29 de enero ante el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Minería, donde se socializó la estrategia de formalización minera como pilar fundamental para transformar el sector, reducir brechas de informalidad y fortalecer la presencia del Estado en los territorios.

El proyecto de resolución, de la Agencia Nacional de Minería, establece una reducción sustancial de los tiempos del proceso, que pasan de 216 días a 90 días, gracias a una estrategia basada en la planeación anticipada, la optimización de cargas administrativas y el uso más eficiente de los recursos del Estado.

“Estamos demostrando que es posible tener un Estado más ágil y al mismo tiempo más democrático. Reducir los tiempos de 216 a 90 días no significa menos participación, sino mejor participación, más ordenada y con presencia real en los territorios”, explicó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.

Este nuevo enfoque permite desarrollar de manera concurrente las actividades con las entidades territoriales, fortalecer la pedagogía social y mejorar el relacionamiento directo con las comunidades, manteniendo el diálogo social como eje central del procedimiento. A su vez, se incorporan herramientas virtuales para reuniones preparatorias y se refuerzan las acciones de divulgación en territorio, optimizando tiempos sin afectar las garantías de participación.

“No vamos a seguir permitiendo que la burocracia frene la formalización minera. Hoy estamos eliminando barreras, fortaleciendo la institucionalidad y garantizando que las decisiones sobre el subsuelo se tomen con la gente y para la gente”, enfatizó el jefe de la cartera energética.

La actualización normativa responde a la necesidad de reducir la conflictividad social, brindar mayor seguridad jurídica y avanzar en la formalización minera, cerrando brechas históricas de informalidad y construyendo un modelo más transparente, coordinado y legítimo.

Por su parte, la Presidenta de la Agencia Nacional de Minería, Lina Franco, destacó que: “sin sacrificar la participación efectiva de las comunidades, la ANM trabaja por ser más eficiente en la gestión de los trámites mineros, especialmente aquellos que impulsan la formalización y titulación minera”.

Con esta medida, el Gobierno del Cambio articula en una sola estrategia la eficiencia institucional, la justicia territorial y la democratización del sector minero, posicionando la formalización como eje central del desarrollo productivo en las regiones.

El nuevo modelo de audiencias públicas mineras acelera los procesos, fortalece el diálogo social y garantiza mayor legitimidad en la toma de decisiones, consolidando un camino hacia un sector minero más ordenado, sostenible y alineado con los principios de equidad y participación que impulsa el Gobierno Nacional.