• La medida busca evitar distorsiones en el mercado, focalizar los recursos públicos y fortalecer la sostenibilidad fiscal del fondo, garantizando que los subsidios beneficien a los consumidores finales y no a procesos industriales intermedios.

Bogotá, D.C., 17 de marzo de 2026. El Gobierno nacional expidió el Decreto 0268 de 2026, mediante el cual se establece que los combustibles líquidos derivados del petróleo que se utilicen como materia prima para producir otros combustibles —incluidos aquellos destinados a quemadores industriales— no podrán acceder al mecanismo de estabilización del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).

Con esta decisión, el Ejecutivo busca asegurar que los recursos del fondo cumplan su propósito original: proteger a los consumidores finales frente a las fluctuaciones internacionales de los combustibles, evitando que subsidios públicos terminen beneficiando procesos industriales intermedios.

De acuerdo con análisis técnicos del Gobierno, el consumo de diésel destinado a quemadores industriales registró un aumento significativo en los últimos años, pasando de un promedio mensual de 806.000 galones en 2023 a más de 8,2 millones de galones en 2024, lo que generó presiones fiscales sobre el FEPC.

Entre enero y abril de 2025, el uso de combustibles estabilizados para este tipo de aplicaciones industriales representó un impacto cercano a $131 mil millones para el fondo, lo que motivó la adopción de medidas para mejorar la focalización de los subsidios.

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, señaló que la decisión responde a la necesidad de garantizar un uso responsable de los recursos públicos y fortalecer la sostenibilidad del sistema de estabilización de combustibles.

“Estamos tomando decisiones responsables para proteger los recursos públicos. El FEPC debe servir para estabilizar el precio de los combustibles que usan los colombianos, no para subsidiar procesos industriales que no trasladan ese beneficio al consumidor final”.

El jefe de la cartera energética agregó que la medida también contribuye a corregir distorsiones en el mercado y promover una competencia más transparente en la producción de combustibles. “Con este decreto cerramos espacios a incentivos perversos que podían generar subsidios indirectos a ciertos actores del mercado. La política energética debe ser eficiente, progresiva y coherente con la sostenibilidad fiscal del país”, dijo Palma.

El decreto establece que, en estos casos, el precio de los combustibles será definido libremente entre los agentes del mercado, mientras que se mantienen excepciones para los que son utilizados en mezclas con biocombustibles como el etanol o el biodiésel, en línea con las metas de transición energética y combustibles más limpios.

Finalmente, el Ministerio de Minas y Energía definirá en los próximos dos meses los lineamientos operativos para la implementación de la medida y los mecanismos de reporte de información por parte de los agentes de la cadena.

Consulta el decreto 02668 del 17 de marzo de 2026 aquí.