• Renueva una CREG elitista incluyendo representación de trabajadores, academia y usuarios, y además promueve la transparencia en la facturación y crea incentivos para la transición energética justa.
• Con criterios de solidaridad y sostenibilidad, el Gobierno avanza en una regulación al servicio de la gente, propone las reformas al Cargo por Confiabilidad y la justicia energética territorial.

Bogotá, D.C. 21 de octubre de 2025. El Ministerio de Minas y Energía presentó el Proyecto de Ley “Regulación Justa y Democratización del Sector Energético”, una iniciativa estructural que busca modernizar el marco regulatorio de los servicios públicos, fortalecer la participación ciudadana y garantizar la equidad en el acceso a la energía eléctrica.

El proyecto introduce reformas sustanciales a las Leyes 142 y 143 de 1994, con el objetivo de garantizar la prestación eficiente, transparente y justa del servicio público de energía, promover la sostenibilidad financiera del sistema, y avanzar en la transición energética justa y la adaptación al cambio climático.

Entre los principales cambios se destacan la redefinición de criterios para la entrega de subsidios, el establecimiento de tarifas diferenciales para usuarios vulnerables e industrias verdes, la prohibición de cobros ajenos al servicio en la factura de energía, y la inclusión de representantes de usuarios, sindicatos y la academia en la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

“Este proyecto es un paso histórico para democratizar la energía en Colombia. Queremos que las decisiones del sector reflejen las voces de los usuarios, los trabajadores y los territorios”, afirmó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea.

Otros puntos destacados de la iniciativa son:

• Mitigación de los impactos de la Opción Tarifaria, distribuyendo de forma solidaria los saldos que afectaron a los estratos más vulnerables.
• Reforma en la entrega de subsidios, con criterios técnicos y transparentes que garanticen que los recursos públicos lleguen a quienes realmente los necesitan.
• Facturas más claras y sin cobros ajenos al consumo energético, para proteger el bolsillo de los usuarios.
• Mecanismos de estabilización tarifaria y esquemas diferenciales, que reduzcan la volatilidad del precio de la energía.
• Tarifas justas y sin abusos, que eviten el cobro doble de activos amortizados o pérdidas no justificadas.
• Tarifas diferenciales para industrias limpias, impulsando el desarrollo regional y la transición energética.
• Fondos para el cierre de brechas energéticas y compensaciones a los territorios impactados por las grandes generadoras, de hasta el 2%, para financiar proyectos sociales, disminuir la pobreza energética y reducir los costos del servicio.

Asimismo, el proyecto crea un Comité Consultivo Ciudadano de Participación, encargado de garantizar el diálogo entre el Estado y la ciudadanía en los procesos regulatorios, y establece nuevos mecanismos de confiabilidad para fortalecer la seguridad energética del país.

“Una regulación justa es la base de la justicia energética. Estamos construyendo un sistema que combine sostenibilidad, solidaridad y transparencia, en el que la energía sirva al desarrollo de la gente y no al revés”, añadió el ministro Palma.

El jefe de la cartera de energía estuvo acompañado por usuarios de Cali y La Guajira, quienes son ejemplo de los beneficios de la Transición Energética Justa. Gracias a la instalación de paneles solares en sus hogares, estas familias disfrutan de ahorros reales en sus facturas y de un servicio más limpio y sostenible, demostrando que la energía puede ser motor de bienestar y justicia social.

Con esta propuesta, el Gobierno nacional reafirma su compromiso con una transición energética justa, participativa y territorialmente equitativa, avanzando hacia un modelo energético más inclusivo, estable y resiliente.

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