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4 de Marzo de 2026.
Minenergía
, Bogotá.
Sector:
Hidrocarburos
Bogotá, D.C., 4 de marzo de 2026. El Gobierno nacional, a través de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), ordenó la devolución de más de 150 mil millones de pesos a los usuarios del servicio de gas natural en el país, tras determinar que se aplicó un incremento en la tasa de descuento del costo de capital (WACC) que elevó la componente de transporte en las tarifas.
En 2023, mediante la Resolución CREG 102 002, el WACC pasó de 10,94% a 11,88%, lo que permitió a empresas transportadoras como TGI —filial del Grupo de Energía de Bogotá— y Promigas —vinculada al Grupo Aval— incrementar los costos en la componente de transporte. Dichos aumentos fueron trasladados a los usuarios finales del sistema.
Posteriormente, los distribuidores de gas natural interpusieron recursos de reposición solicitando que se mantuviera el WACC del 10,94% mientras se aprobaban los nuevos cargos tarifarios, con el fin de evitar mayores impactos en la factura de los hogares y comercios.
Tras analizar los recursos, la CREG —presidida por el ministro de Minas y Energía— decidió acoger la solicitud y ordenar la reducción del WACC, así como la devolución de los valores cobrados en exceso desde 2023 hasta la fecha.
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, aseguró que la medida busca proteger el bolsillo de los colombianos y garantizar justicia tarifaria. “Aquí estamos defendiendo a los usuarios. No es aceptable que los hogares colombianos hayan asumido un sobrecosto en el transporte de gas. La decisión es clara: esos recursos deben devolverse y las tarifas deben reflejar condiciones justas y transparentes”, afirmó.
“La regulación energética tiene que estar al servicio del interés general. Más de 150 mil millones de pesos volverán a los ciudadanos, porque nuestra prioridad es aliviar la carga económica de las familias”, agregó Palma.
La CREG definirá los mecanismos y cronogramas específicos para que las empresas realicen la devolución efectiva de los recursos en las facturas de los usuarios.
Con esta decisión, el Gobierno nacional reafirma su compromiso con la vigilancia del sistema tarifario y con la protección de millones de colombianos frente a incrementos que impactan directamente el costo de vida.
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