Bogotá D.C., 05 de octubre de 2025. La minería del futuro se proyecta como una actividad planificada, sostenible y socialmente justa, orientada al bienestar de las comunidades y al desarrollo del país. Con esa convicción, el Gobierno del Cambio, a través del Ministerio de Minas y Energía, presentó ante el Congreso de la República el proyecto de “Ley Minera para la Transición Energética Justa, la Reindustrialización Nacional y la Minería para la Vida”, una propuesta que busca recuperar la confianza en el Estado, fortalecer la participación ciudadana y abrir una nueva etapa de diálogo con las comunidades y los actores del sector.

Es la primera gran reforma minera del siglo XXI, construida desde los territorios y con la gente. En este espacio de la democracia participativa intervinieron más de 20.000 personas, entre ellas 12.883 integrantes de pueblos indígenas y del Pueblo Rrom, y 4.028 miembros de comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras, además de gremios, empresas, academia y organizaciones sociales y ambientales.

“Esta ley no se redactó entre escritorios, sino en diálogo con quienes viven la minería, la sufren o la transforman. Es una ley para la vida, para el trabajo y para el ambiente”, afirmó Edwin Palma Egea, ministro de Minas y Energía.

1- Porque devuelve la dirección al Estado y fortalece la confianza en los territorios

Durante años, la minería ha generado conflictos y desigualdades que dejan más pobreza que progreso en los territorios.

La nueva ley no estatiza la minería ni limita la libertad de empresa: la ordena, la hace más transparente, planificada y participativa, con reglas claras para todos los actores.

El Estado recupera su papel de orientador y garante, asegurando que los recursos naturales beneficien a todos los colombianos.

Las Áreas de Minerales Estratégicos (AME) estarán bajo coordinación estatal, para garantizar que su aprovechamiento responda al interés público y genere desarrollo sostenible. Su gestión podrá adelantarse mediante alianzas públicas y mixtas, cooperativas, comunidades locales o entidades públicas, bajo principios de transparencia, sostenibilidad ambiental y justicia social.

2- Porque pone la vida, el ambiente y las comunidades en el centro de las decisiones

El proyecto busca que la minería conviva con el campo, la biodiversidad y las culturas locales. Promueve una minería planificada y responsable, donde cada proyecto se evalúe con criterios sociales y ambientales verificables.

Se crean las Zonas Aptas para la Minería (ZAM) y las Zonas Excluidas de la Minería (ZEM), que protegen el agua, los páramos y los ecosistemas, al tiempo que delimitan áreas compatibles para el desarrollo minero con seguridad y sostenibilidad.

La ley fortalece el licenciamiento ambiental en las fases del ciclo minero, exige planes de cierre desde el inicio de los proyectos y avanza hacia la eliminación total del mercurio.

Reconoce además a los mineros artesanales y de pequeña escala como parte de la economía popular, garantizando su formalización, asistencia técnica y acceso al crédito.

Por primera vez, la norma incorpora un enfoque de género, promoviendo la participación y el liderazgo de las mujeres mineras en toda la cadena de valor y en la gestión del territorio.

3- Porque conecta la minería con la transición energética y la reindustrialización nacional

La nueva ley convierte a la minería en un motor de la transición energética justa y del desarrollo regional sostenible. Reconoce el valor estratégico de minerales como cobre, litio, níquel y otros críticos para las energías limpias, la movilidad eléctrica y las nuevas tecnologías.

El proyecto redefine el papel del carbón térmico dentro de una transición energética gradual y responsable, impulsando usos más limpios y de mayor valor agregado, como el coque, el hidrógeno azul y los insumos industriales, que promuevan innovación y desarrollo en las regiones productoras.

Así, la minería deja de ser solo extracción para convertirse en una palanca de reindustrialización, innovación y bienestar compartido.