El Protocolo Preventivo y de Participación se enmarca en el componente de fortalecimiento de capacidades de la Estrategia de Relacionamiento Territorial, Enraíza la vida (ERT). Su propósito es consolidar la gobernanza territorial y prevenir conflictividades en el sector minero-energético, contribuyendo a la materialización de los marcos políticos y normativos de hidrocarburos, minería y energía, en coherencia con los retos que plantea la Transición Energética Justa (TEJ).

En ese sentido, es un mecanismo de articulación y acompañamiento permanente entre la institucionalidad del sector, las entidades territoriales, las diferentes comunidades organizadas y las empresas bajo los principios de la justicia ambiental, étnico-racial y de género garantizando rutas de participación y diálogo frente a las decisiones del sector.

Lo anterior implica que configura un protocolo con diferentes acciones que no solo fomentan la comprensión de la Transición Energética Justa (TEJ) sino que, además, le dan vida a partir de la materialización de la inclusión del diálogo social que permita atender y gestionar los desafíos territoriales antes de que deriven en conflictos. En otras palabras, hace parte a los diferentes actores y grupos de interés para que las decisiones del sector procuren estar en un marco de corresponsabilidad en la medida de un acercamiento a modelos de deliberación más amplios.

Esto plantea la necesidad de generar espacios que favorezcan el diálogo, pero, a la vez, un fortalecimiento de capacidades de las comunidades para que se cualifique su participación y se pueda facilitar el avance de la Transición Energética Justa (TEJ) apuntando a la transformación de las condiciones de injusticia y desigualdad histórica.

En términos normativos, este esfuerzo del Gobierno Nacional y el Ministerio de Minas y Energía, responde a los lineamientos del CONPES 4023 y las necesidades operativas del Ministerio en su rol de orientador de la política pública del sector.

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